Izquierda Unida solicita junto al AMPA del CEIP Nuestra Señora del Carmen que el Ayuntamiento ceda un espacio municipal en el que habilitar un comedor para el centro

Díaz: “Más allá de un servicio es una obligación de las administraciones cumplir con el programa de garantía alimentaria que se ofrece a través de los comedores escolares y que permite a los alumnos y alumnas de las familias más vulnerables alimentarse de manera correcta durante el periodo escolar. Una obligación de solidaridad y acompañamiento de la administración pública, sin olvidar la herramienta que suponen los comedores escolares para la conciliación laboral y familiar”

Izquierda Unida, junto con el AMPA del CEIP Nuestra Señora del Carmen, solicitan al Ayuntamiento de Marbella que realice todas las gestiones oportunas para habilitar un espacio municipal adecuado para acoger un comedor escolar y ponerlo a disposición de la Junta de Andalucía y cumplir de esta manera el Decreto 137/2002 del 30 de abril de apoyo a las familias andaluzas y al programa de garantía alimentaria en favor del alumnado.

“Desde hace años la comunidad escolar del CEIP Nª Sª del Carmen “El Castillo” ha venido solicitando, tanto al Ayuntamiento de Marbella, como a la Consejería de  Educación de la Junta de Andalucía, la consolidación en este colegio público de las  dotaciones adecuadas para garantizar los programas de conciliación laboral y de  garantía alimentaria y, en general, el cumplimiento de lo previsto en el Decreto 137/2002 de 30 de abril de apoyo a las familias andaluzas que se traduce en un comedor escolar”, apunta el concejal-portavoz de IU, Miguel Díaz.

El caso del CEIP del Castillo a este respecto “es más grave aún, porque se trata del único colegio de Marbella que no tiene comedor escolar”.

“Más allá de un servicio es una obligación de las administraciones cumplir con el programa de garantía alimentaria que se ofrece a través de los comedores escolares y que permite a los alumnos y alumnas de las familias más vulnerables alimentarse de manera correcta durante el periodo escolar. Una obligación de solidaridad y acompañamiento de la administración pública.”, apunta Díaz, “sin olvidar la herramienta que suponen los comedores escolares para la conciliación laboral y familiar”.

Por su parte, el AMPA El Castillo, en voz de su presidenta, María Albarenga, incide en que “llevamos más de 14 años reclamando este servicio a las distintas administraciones de distinto color político sin que ninguna de ellas haya sido capaz de solucionar el problema. En 2018 continuamos como el año de inauguración del centro, sin comedor”.

El CEIP Nuestra Señora del Carmen (El Castillo), donde en la actualidad dan clase unos 200 alumnos, es uno de los más antiguos de Marbella, con más de 60 años de historia, y con un conjunto edificatorio muy deteriorado, ubicado en pleno centro urbano e inserto dentro de las murallas del antiguo castillo-alcazaba de la ciudad. “A día de hoy presenta numerosos problemas y carencias que hay que abordar desde la generosidad y la eficacia, y no desde el enfrentamiento permanente con otras administraciones, por eso desde IU, también solicitamos realizar durante el período de vacaciones estivales las intervenciones necesarias para mantener en condiciones de seguridad, salubridad y ornato sus instalaciones, realizando los trabajos y obras precisas para garantizar su correcta conservación, a fin de mantener en todo momento las condiciones requeridas para la habitabilidad y las condiciones educativas efectivas de este colegio”.

Entre estas carencias se incluye una deficiente gestión de conservación, mantenimiento y vigilancia de sus infraestructuras, dotaciones y servicios, tanto por parte de la Junta de Andalucía como del Ayuntamiento, “mucho más preocupados ambos por ver cuáles son las competencias de otros que de las propias y también por la falta de espacios complementarios, como es el sangrante caso del comedor escolar”.

“En la última década se han producido numerosos anuncios y promesas, tanto desde el Ayuntamiento como desde la Junta de Andalucía, asegurando que el comedor escolar sería una realidad y que habría mejoras en las dependencias educativas para poder contar con servicios educativos dignos, sin que se hayan consolidado realidades”, señala Díaz. 

En el Pleno del mes de noviembre del año 2017, a pregunta del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes, desde el gobierno se aseguró que “no había intención de consolidar el servicio de comedor en el edificio municipal anexo en el que se ubica el Archivo Municipal de la calle Portada, como anteriormente se había previsto” (previo traslado del Archivo a otras dependencias). “Es más, llegó a referirse el gobierno del PP a la necesidad de “trasladar el colegio”. Es decir, sacarlo de El Castillo”. 

El argumento del traslado del colegio Nª Sª del Carmen debido a las previsiones señaladas en el Plan Director del Castillo, documento elaborado en 2010 y “del que a día  de hoy, casi 8 años después, ni siquiera se han realizado las actuaciones señaladas como ‘Urgentes y de Corrección de Actuaciones Inadecuadas’, que habían de ejecutarse en el plazo de 3 años, no puede ser una excusa para no atender los derechos de una comunidad escolar, por lo menos durante el tiempo en que este traslado se produzca, que a juzgar por las previsiones e intenciones del Ayuntamiento y de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, el nuevo colegio no sería una realidad en los próximos 10 años”. 

“El propio Plan Director del Castillo propone un periodo de intervención, prevista desde el año 2016 al año 2022 y aún no sea empezado a ejecutar. En cualquier caso, la realidad es que la comunidad escolar del CEIP Nª Sª del Carmen este año académico  2017-2018 no ha podido hacer uso de su  derecho a comer en su escuela ni hay indicios de que pueda hacerlo en el próximo curso”, recuerda Díaz.

COMPETENCIAS  DE CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN

Por otro lado, distintos cuerpos legislativos establecen que los propietarios o titulares de los edificios deben asumir las actuaciones necesarias para evitar que dichos edificios pierdan, con su uso normal, las condiciones relativas a la funcionalidad, seguridad y habitabilidad para su uso efectivo.

En la Ley 7/1999, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, y la  Ley 5/2010, de Autonomía Local de Andalucía, se recoge que la conservación, el mantenimiento y  la vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de segundo ciclo de Educación Infantil, de Educación Primaria y de Educación Especial, es competencia municipal.

En esta misma línea, el artículo 155 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, impone a los propietarios de edificios el deber de "mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, realizando los trabajos y obras precisos para conservarlos o rehabilitarlos, a fin de mantener en todo momento las condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo".

También en el art. 8 de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, se ordena que los propietarios y titulares de derechos de uso, a realizar las obras de rehabilitación edificatoria, cuando existan situaciones de insuficiencia o degradación de los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad de las edificaciones, y de regeneración y renovación urbanas, cuando afecten, tanto a edificios, como a tejidos urbanos.

ACUERDOS DE COOPERACIÓN

En cuanto a la cooperación entre los Ayuntamientos y la Junta de Andalucía, se  establece en la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, y antes  en el DECRETO 155/1997, de 10 de junio, los marcos de la cooperación entre las entidades locales con la Administración de la Junta de Andalucía en materia educativa. 

 En el artículo 172, de  Ley 17/2007, se señala que la Administración educativa podrá establecer convenios de cooperación con las Corporaciones locales, y en el 174.1, que la Administración educativa y las administraciones locales, podrán colaborar en la prestación del servicio educativo. 

Del mismo modo, en el Decreto 155/1997, se apunta que los ayuntamientos (artículo 5), podrán cooperar con la Consejería de Educación, mediante convenio, en la gestión de las construcciones escolares y que estos ayuntamientos podrán cooperar en la prestación del servicio educativo y en la realización de actividades o servicios complementarios. Estas actividades podrán desarrollarse, a través de convenio con la Consejería de Educación (art.11). La firma de estos convenios de cooperación (art. 12) podrá suscribirse para la prestación del servicio educativo, tales como: programas específicos de garantía social, actividades extraescolares, desarrollo de acciones de carácter compensatorio o actividades y servicios complementarios, etc.