Izquierda Unida solicita que el Ayuntamiento apoye en el próximo pleno la Ley Contra La Pobreza y la Exclusión Social

Morales: “La Ley Integral Contra la Pobreza y la Exclusión Social pivota en torno a 5 grandes ejes: empleo, sanidad, pensiones, suministros mínimos vitales y vivienda, Marbella no escapa de esta situación global de vulnerabilidad y consideramos desde la Asamblea Local que la ciudad debe sumar su apoyo para combatir estas situaciones”

Izquierda Unida solicitará en el pleno de julio que el Ayuntamiento de Marbella sume su apoyo a la Ley Integral Contra la Pobreza y la Exclusión Social que Unidos Podemos presentó en el Congreso el pasado día 5. Una ley que tiene por objeto introducir en el ordenamiento jurídico un conjunto de medidas destinadas a crear las condiciones que favorezcan la prevención y la lucha contra la pobreza, de manera que se consiga una reducción estructural de la misma para fomentar la inclusión social. 

“Se ha cumplido una década desde la mal llamada crisis económica. Cerca de 12 millones y medio de personas están en riesgo de pobreza y exclusión social en nuestro país. Esta cifra refleja la necesidad de contar con una ley efectiva que proteja a la ciudadanía de esta situación de carencia material, laboral y monetaria que impide el libre desarrollo de nuestras vidas”, recuerda la concejala de IU, Victoria Morales.

Para la formación, “la pobreza no es únicamente la ausencia de un ingreso monetario, sino la incapacidad de participar en la vida pública, de integrarse en la comunidad o de tener acceso a unos derechos básicos, de la vivienda a la educación, de la salud a un medio ambiente sostenible. La pobreza y la exclusión social suponen en definitiva falta de libertad, un impedimento crucial para desarrollar la propia vida de forma autónoma. De esta manera, las personas afectadas por ello no sólo necesitan recursos materiales sino también capacidades para realizarse personalmente y prosperar tanto social como económicamente”

“La Ley Integral Contra la Pobreza y la Exclusión Social pivota en torno a 5 grandes ejes: empleo, sanidad, pensiones, suministros mínimos vitales y vivienda”, apunta Morales, quien incide en que “Marbella no escapa de esta situación global de vulnerabilidad y consideramos desde la Asamblea Local que la ciudad debe sumar su apoyo para combatir estas situaciones”.

“Izquierda Unida hemos registrado en el Congreso una proposición de ley integral para la protección frente a la pobreza y la exclusión social, en la cual entre otras medidas para superar la situación de pobreza y vulnerabilidad de forma continuada que muchas familias han quedado ancladas después de esta larga etapa de la mal llamada crisis económica que dura ya 10 años, en su título Primero  se recoge un Plan de Trabajo Garantizado para la creación directa de un millón de puestos de trabajo digno y con un salario mínimo de 1.050 euros”, apunta Morales.

Plan de trabajo garantizado

Dicho Plan de Trabajo Garantizado tendría tres áreas sobre las que incidir: reforzar las actividades económicas y sociales todavía insuficientes, como la educación pública, la sanidad pública, las actuaciones culturales y deportivas o la generación de energía renovable; crear nuevas actividades, principalmente ecológicas: servicios de reutilización y reparación de materiales y productos o actividades de optimización del rendimiento energético de edificios; remunerar, visibilizar y dignificar el trabajo de cuidados, así como otros trabajos que hoy día son de carácter voluntario, repartiendo estas actividades de forma solidaria entra la comunidad. 

“De esta forma  el Estado tendrá la responsabilidad de garantizar un empleo remunerado y con condiciones laborales dignas a cualquier persona que no haya podido encontrar trabajo en el sector privado o en el sector público tradicional, sin importar su experiencia profesional, cualificación, sexo, renta o edad, priorizando la situación socio-económica”, señala Morales.

Asimismo es obligación del Estado ofrecer un número determinado de puestos de trabajo para aquellas personas que tuvieron que emigrar del país y que deseen retornar. Se trata de organizar y, por parte de los y las empleadas en el programa colaborar activamente, en la construcción de una comunidad política próspera, ecológica y cohesionada socialmente.

“En esta ley también proponemos desde IU la creación de un Sistema de Renta Mínima Garantizada para extender esta prestación a las personas hoy excluidas de las distintas prestaciones de ingresos mínimos en el ámbito autonómico o estatal”, indica la edil de IU.

Sanidad, pensiones, pobreza energética, función social de la vivienda, educación

La Proposición de Ley que propone la formación también busca recuperar de manera inmediata el derecho a la revalorización de las pensiones, tanto contributivas como no, para que sean periódicamente actualizadas "de manera transparente" y no puedan perder poder adquisitivo, que se vuelvan a considerar también para la revalorización otros factores como la productividad de la economía, el aumento de la participación de los salarios en la renta nacional y la coyuntura económica general. Se elimina el factor de sostenibilidad que estaba previsto aplicar el 1 de enero de 2019 a los nuevos pensionistas.

La ley incluye, por otra parte, modificaciones legislativas para universalizar la asistencia sanitaria pública y para eliminar los topes máximos de aportación para pacientes pensionistas con tratamientos de larga duración. Eliminar el copago para las personas que ostenten la condición de asegurado como pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios.

En esta propuesta consideramos necesario  establecer un mandato al Gobierno para elaborar un Plan contra la pobreza energética. Regularía la garantía del derecho al acceso a los suministros básicos de agua potable, gas y electricidad a las personas y unidades familiares en situación de pobreza o exclusión social, fijando unos mínimos de consumo mínimos vitales y un sistema público de precio social.

La garantía de la función social de la vivienda en la  que los poderes públicos serán garantes de la disponibilidad de un alojamiento para todas aquellas personas que actualmente carecen de un hogar así como en caso de pérdida de la vivienda habitual por causas sobrevenidas, reconoce literalmente en el articulado la Ley, en referencia a la protección de la vivienda habitual de las familias proponemos una moratoria de los procedimientos de ejecución hipotecaria para deudores en situación de insolvencia sobrevenida, y se impulsa una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos y programas de ayuda al alquiler para evitar el lanzamiento por ejecución hipotecaria o por impago de alquiler de personas en situación de exclusión social.

Garantías para una Educación de calidad frente a la pobreza y la exclusión social y un Plan Comarcal de lucha contra la exclusión social en el ámbito rural son también medidas recogidas en el texto que desde IU proponemos al Congreso de los Diputados para que pueda ser debatida en el seno del mismo.