IU considera “una confusión electoralista” de Ángeles Muñoz la gratuidad del transporte público ya que deja fuera tres líneas muy demandadas y de carácter social que discurren por el término municipal

El trayecto entre San Pedro y el Hospital Costa del Sol, la conexión entre Nueva Andalucía y la Estación o la línea nocturna entre Marbella y San Pedro no se beneficiarán de la anunciada gratuidad

DÍAZ: “Con el anuncio de la gratuidad Muñoz nos invita a subir al autobús, pero margina el criterio central, que debe ser la calidad. Si el servicio no es puntual o accesible, por más que sea gratis, no será efectivo” 

Izquierda Unida ha presentado nueve alegaciones a la ordenanza del transporte público para “garantizar que atienda a criterios de calidad en el servicio, puntualidad, eficiencia, accesibilidad y participación de la ciudadanía”, explica el portavoz de la formación en el Ayuntamiento, Miguel Díaz.

El concejal de IU revela que “la medida estrella de la ordenanza, la gratuidad del servicio para las personas empadronadas, es una calculada confusión a la ciudadanía, más populista que real, ya que existe una gran laguna que impedirá que el transporte sea gratuito en tres líneas estratégicas y de marcado carácter social como las que operan entre Nueva Andalucía, Puerto Banús y la Estación de Autobuses; y la que une San Pedro, Puerto Banús y el Hospital Costa del Sol y la línea nocturna, que conecta Marbella con San Pedro, ya que estas líneas a pesar de discurrir íntegramente por el término municipal de Marbella son de titularidad autonómica”.

Para IU “con el anuncio de la gratuidad Muñoz nos invita a subir al autobús, pero margina el criterio fundamental debe ser la calidad. Si el servicio no es puntual o accesible, por más que sea gratis, no será efectivo”  “Otro aspecto clave que la ordenanza ni menciona es la regulación de factores de la ordenación directamente relacionados con la adecuada prestación del servicio, no se aportan medidas para otorgar prioridad al transporte colectivo, como los carriles reservados para autobús y taxi o carriles VAO que fomenten la movilidad colectiva. En la ordenanza tendrían que venir recogidos, aunque fuese como un principio rector para impulsar, tras los estudios técnicos necesarios”, valora Díaz.

De igual manera, el uso combinado de bicicleta y autobús tampoco se recoge con suficientes garantías, la ordenanza es muy imprecisa al apuntar a permitir la entrada de bicicletas en los autobuses “mientras no molesten”. Desde IU se propone incluir medidas “más concretas y decididas como la instalación de portabicis externos en las líneas más propicias para la intermodalidad bus-bici de los usuarios”. 

La accesibilidad universal para el uso seguro y autónomo de todas las personas, con independiencia de su condición física, psíquica o sensorial también “se aborda de forma insuficiente, más allá de citar la normativa de obligado cumplimiento, tenemos que ir más allá de la eliminación de barreras e incluir compromisos con la accesibilidad psíquica y sensorial (pictogramas, elementos sonoros…)”. Del mismo, ha de garantizarse la accesibilidad de las paradas, teniendo en consideración criterios que ni se mencionan como las dimensiones de la acera y la calzada y elementos de accesibilidad sensorial. 

GARANTÍAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL SERVICIO

Para IU, “un servicio público tan esencial y socializado como el transporte colectivo requiere de garantías de participación de la ciudadanía suficientes. Sin embargo, la ordenanza tan solo menciona a la existencia de hojas de reclamaciones como elemento para la interacción con la ciudadanía”. Por ello Díaz propone “la creación de un Consejo Municipal del Transporte Colectivo de Viajeros y Viajeras, como órgano formal de participación ciudadana con representación de colectivos vecinales, comerciales, en materia de movilidad, accesibilidad, etc., que pueda sentarse en una misma mesa con el Ayuntamiento y la empresa de transportes para evaluar y hacer propuesta de mejora del servicio periódicamente”. 

Otras de las alegaciones presentadas por IU abordan aspectos esenciales como medidas para un mayor control del Ayuntamiento sobre la prestación del servicio por el operador privado; la estipulación de criterios objetivos para fijar el precio de producción de la tarjeta de movilidad; criterios técnicos objetivos para fijar el número necesario de vehículos de la flota para poder prestar un servicio con parámetros de calidad y eficiencia, o ampliar la regulación al servicio de transporte escolar que presta el Ayuntamiento directamente mediante la plantilla de extinta empresa Transporte Locales.